El Gobierno de Guatemala pidió disculpas públicas este viernes 12 de julio de 2024 a la familia de un joven separado de sus padres y dado en adopción ilegal a una pareja estadounidense en 1998.
“El camino a la verdad comienza por el reconocimiento del error. Nos lastima a los guatemaltecos, como pueblo, que en nuestra historia la separación injustificada, involuntaria y forzada de niños, niñas y adolescentes de sus familias haya sido consentida e incluso facilitada por el Estado”, dijo el presidente Bernardo Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura.
El 9 de enero de 1997, Osmín Tobar Ramírez y su hermano Jeffrey Arias Ramírez, de siete y dos años, fueron separados de su madre, Flor Ramírez, e ingresados a una entidad privada de adopciones, según la CIDH. El Estado los declaró en abandono sin los procedimientos adecuados y propició su adopción internacional por dos familias de Estados Unidos. Los padres no fueron notificados y acudieron al sistema internacional.
“Nos quitaron nuestra identidad y nos hicieron sufrir pensando en qué estaría pasando mi hijo en un lugar desconocido”, dijo Flor Ramírez. Osmín agradeció a sus padres por no dejar de buscarlo: “No estoy acá como víctima del pasado, sino como un sobreviviente.” Relató que su vida “inició en la trata infantil”, con ira, adicción y problemas de salud mental, hasta el reencuentro. Tardó 14 años, desde 1998, en contactar de nuevo a su familia biológica.
CEJIL sostiene que el caso se dio en una red de trata y venta de niños con apoyo de instituciones y juzgados. En 2018 la CorteIDH declaró responsable a Guatemala por la adopción ilegal de Osmín, que vivió con otra identidad hasta los 21 años y no se adaptó culturalmente a Estados Unidos. La disculpa pública es una de las reparaciones; también se exige justicia contra los implicados.
El abogado Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, recordó que entonces Guatemala era el tercer país con más adopciones internacionales, detrás de Rusia y China. Organizaciones estiman que en el conflicto armado (1960-1996) unas 35.000 niñas y niños, en su mayoría indígenas, fueron robados y dados en adopción a países como Bélgica y Canadá.
