A comienzos de semana, McDonald’s sorprendió en Guatemala al anunciar el cierre “temporal” de sus locales. La cadena lo presentó como medida preventiva para resguardar instalaciones y trabajadores ante protestas y bloqueos de carreteras.
Las manifestaciones estallaron por el malestar que generaron los allanamientos del Ministerio Público a sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una investigación por presuntas irregularidades en los comicios de agosto. En las calles, antidisturbios han usado gases lacrimógenos.
El anuncio salió por redes sociales. La empresa lamentó la coyuntura, pero no fijó plazo de reapertura, lo que los clientes e internamente leen como un cierre de duración incierta —con impacto en el empleo—. Medios internacionales señalan que McDonald’s no ha dado declaraciones extra y que cualquier novedad irá por las mismas redes.
La decisión cae en una crisis que se agrava. La justicia reconoció la legitimidad del triunfo de Bernardo Arévalo, pero avanza un proceso para quitar la personería jurídica a Semilla por un presunto fraude anterior, con efectos en diputados electos y riesgo para la gobernabilidad de quien debe tomar posesión el 14 de enero de 2024. El presidente electo y otros sectores hablan de un “golpe de Estado” desde altos organismos. El MP sostiene que actúa dentro de sus facultades y que investiga anomalías de magistrados del TSE en el conteo. Arévalo pidió a la OEA que intervenga.
Tras casi dos semanas de bloqueos, ya hay desabastecimiento en las ciudades principales. El cierre de McDonald’s es un síntoma visible de cómo la disputa institucional llega al mostrador y a la calle.