Guatemala dio un paso que el sector portuario reclamaba desde hace años. Con 123 votos, el Congreso aprobó la madrugada del 5 de agosto la Ley General del Sistema Portuario, una reforma que redefine la forma en que serán regulados, planificados y supervisados los puertos nacionales. El Decreto 20-2026 entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial y plantea corregir problemas como la duplicidad de funciones, la falta de coordinación institucional y las dificultades para desarrollar nueva infraestructura.
El cambio más profundo será la creación de la Autoridad Portuaria Nacional, una entidad autónoma y descentralizada que asumirá la rectoría del sistema. Entre sus facultades estarán regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar, además de supervisar el cumplimiento de convenios internacionales de seguridad portuaria. La nueva estructura también incorporará organismos de coordinación con usuarios, instituciones públicas y entidades vinculadas con protección y logística, con la intención de sustituir un esquema fragmentado por una conducción nacional común.
La legislación también apunta directamente a uno de los mayores reclamos del comercio exterior: la cantidad de trámites que acompañan el movimiento de una mercancía. Se prevé un portal interinstitucional que permitirá realizar procedimientos electrónicos bajo un modelo de ventanilla única, además de un Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario —Planport— que deberá fijar prioridades para ampliar infraestructura, mejorar accesos y conectar los puertos con carreteras, ferrocarriles y otros medios de transporte. La norma incorpora además una tarifa turística de dos dólares por pasajero de crucero y mecanismos de financiamiento destinados a seguridad y modernización.
La aprobación recibió el respaldo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que considera que una legislación actualizada puede aumentar la certeza jurídica y atraer inversiones hacia infraestructura estratégica. Para el sector empresarial, un sistema portuario más eficiente tendría efectos que van más allá de los muelles: menores tiempos de despacho y costos logísticos pueden impactar la cadena de abastecimiento, las exportaciones y el precio final de los productos que se movilizan dentro y fuera del país.
Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios concentran buena parte de la conexión marítima de Guatemala con el comercio internacional, por lo que la capacidad de la futura autoridad para coordinar instituciones, atraer inversiones y acelerar operaciones será determinante.
