Roberto Arzú se presentó este lunes 18 de mayo al Ministerio Público, pocos días después del cambio de Fiscal General, para presentar una denuncia penal contra exautoridades de la institución y reiterar su llamado a abrir una nueva etapa de justicia en Guatemala.

Durante su intervención ante medios de comunicación, Arzú afirmó que en el Ministerio Público “se respiran aires nuevos” y destacó como un primer símbolo positivo que el edificio vuelva a sentirse más abierto al público. Según expresó, ese cambio representa una oportunidad para que la institución recupere credibilidad, transparencia y cercanía con los guatemaltecos.

La denuncia presentada por Arzú fue dirigida contra la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta, José Rafael Curruchiche Cacul, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y Dimas Jiménez y Jiménez. Además, mencionó que en los señalamientos también aparecen nombres vinculados a la administración anterior, como Miguel Martínez y el expresidente Alejandro Giammattei.

Arzú aseguró que la denuncia busca evidenciar lo que calificó como una estructura de persecución, impunidad y corrupción dentro del Ministerio Público durante los últimos ocho años. Entre los puntos señalados mencionó despidos injustificados de fiscales, persecución contra personas inocentes, protección a actores vinculados a corrupción y posibles compras sobrevaloradas o adjudicaciones cuestionables dentro de la institución.

El mensaje central de su declaración fue que Guatemala no debe confundir justicia con venganza. Para Arzú, el país necesita que los casos sean investigados con seriedad, que se sienten precedentes y que quienes hayan abusado del sistema de justicia rindan cuentas ante la ley.

“Hoy todos los guatemaltecos están sedientos de justicia; no es venganza, es justicia y es un precedente”, expresó durante la conferencia.

También felicitó al nuevo Fiscal General, aunque aclaró que no lo conoce personalmente. Según Arzú, el nuevo titular del Ministerio Público tiene en sus manos una oportunidad histórica para demostrar que la institución puede actuar de forma correcta, pronta y justa. Además, dijo que como ciudadano está dispuesto a apoyar cualquier proceso que busque fortalecer el Estado de Derecho.

El excandidato presidencial también señaló que él y su familia fueron parte de procesos de persecución, pero aseguró que no dieron “un paso atrás” porque consideraban que la lucha era por el bien común y por la justicia de todos los guatemaltecos.

La intervención de Arzú se da en un momento sensible para el país, marcado por la expectativa ciudadana sobre el nuevo rumbo del Ministerio Público. Para distintos sectores, el cambio de autoridades representa una oportunidad para recuperar confianza institucional, investigar posibles abusos del pasado y construir una justicia que no sea utilizada como instrumento de presión política.

Más allá del tono firme de sus declaraciones, la presencia de Arzú en el Ministerio Público abre una nueva conversación nacional: la necesidad de que Guatemala avance hacia un sistema donde la justicia no persiga selectivamente, sino que proteja a los ciudadanos, fortalezca las instituciones y castigue a quienes hayan dañado al país.

En ese sentido, la denuncia presentada este lunes no solo apunta hacia exfuncionarios específicos, sino hacia una discusión más amplia sobre el futuro de la justicia guatemalteca.

Guatemala entra ahora en una etapa decisiva. La ciudadanía espera señales claras, investigaciones transparentes y una institucionalidad capaz de demostrar que la ley puede volver a estar al servicio del país.