En Guatemala, la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a los Derechos Humanos es un documento oficial que expide la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
La importancia de este certificado acredita que una persona no tiene procesos abiertos, sanciones ni antecedentes por violaciones a derechos humanos registrados en los archivos de la institución.
Y en términos prácticos, funciona de manera similar a una carta de no antecedentes penales, pero enfocada exclusivamente en materia de derechos humanos.
La constancia se solicita principalmente para realizar trámites públicos, como postulaciones a cargos estatales (entre ellos Fiscal General o magistraturas), participar en licitaciones o acceder a empleos dentro del gobierno.
La propia PDH ha explicado en publicaciones oficiales, que el documento confirma la inexistencia de quejas o resoluciones adversas dentro de procedimientos administrativos bajo su competencia.
Es decir, no se trata de un simple requisito administrativo, sino de un filtro que busca garantizar que quienes aspiren a cargos públicos no tengan señalamientos vigentes en materia de derechos humanos.
Las personas interesadas pueden solicitarla en línea, a través del portal oficial de la PDH en Guatemala, donde deben registrarse, cargar su Documento Personal de Identificación (DPI) y cubrir un pago que oscila entre 20 y 50 quetzales.
También pueden acudir de manera presencial a las oficinas de la institución, generalmente con cita previa.
Si el sistema no detecta alertas o expedientes activos, la constancia puede emitirse en un plazo aproximado de 24 a 72 horas.
El tema cobró relevancia reciente cuando la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, buscó participar en el proceso para elegir al próximo Fiscal General.
Sin embargo, su expediente quedó fuera temporalmente porque no presentó esta constancia.
Alfaro acusó públicamente a la PDH de negarle el documento y aseguró que la decisión la colocó en desventaja frente a otros aspirantes.
Por su parte, la Procuraduría respondió que no podía emitir la certificación debido a la existencia de dos expedientes relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos registrados en su base de datos.
Y de acuerdo con reportes del diario Prensa Libre, estos señalamientos estarían vinculados a su paso por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde se le atribuyen responsabilidades administrativas en materia de derechos laborales.
Y más allá de este caso en particular, la discusión pone sobre la mesa la importancia de los mecanismos de control en los procesos de selección pública, ya que mientras Alfaro sostiene que la negativa fue arbitraria, la PDH afirma que simplemente aplicó el procedimiento establecido: no puede certificar ausencia de sanciones cuando existen expedientes abiertos.
De esta manera, el desenlace dependerá de la evaluación que realicen las autoridades encargadas del proceso de postulación.
Pero por ahora, el caso refleja cómo un requisito administrativo puede convertirse en un punto clave dentro de una decisión política de alto nivel.
