Guatemala inició este lunes el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes estarán a cargo de la organización de los comicios generales programados para 2027. Los nuevos funcionarios asumirán el próximo 20 de marzo y ejercerán durante un periodo de seis años, por lo que también conducirán las elecciones de 2031.
El procedimiento comenzó con la participación de miles de abogados y licenciados en ciencias sociales, quienes emitieron su voto para designar a sus representantes dentro de la comisión de postulación. Dicha instancia está integrada, además, por el rector de la Universidad de San Carlos y los rectores de universidades privadas del país. Posteriormente, la comisión elaborará un listado de 20 candidatos. Luego, el Congreso de la República elegirá a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integrarán el TSE para el periodo 2026-2032.
De esta manera, Guatemala avanza en un proceso institucional que resulta determinante para garantizar la continuidad democrática y la organización transparente de los próximos comicios nacionales.
El presidente Bernardo Arévalo de León subrayó la importancia de la renovación del Tribunal Supremo Electoral y de la designación de la Corte de Constitucionalidad, procesos que también se desarrollan durante el primer trimestre del año. En un mensaje transmitido en cadena nacional, el mandatario calificó 2026 como un año “crucial”, debido a que se realizarán decisiones institucionales que definirán la elección de nuevas autoridades en órganos clave del Estado.
Asimismo, Arévalo recordó que este año corresponde seleccionar al nuevo fiscal general en sustitución de Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos vinculados a corrupción. Según el presidente, estas designaciones representan un reto para la democracia, ya que grupos que han abusado del poder pretenden mantener el control de instituciones estratégicas. Sin embargo, resaltó que, al mismo tiempo, el momento ofrece una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho.
Diversos especialistas consideran que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, junto con la designación del nuevo fiscal general prevista para mayo, tendrá un impacto decisivo en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Desde su perspectiva, estas decisiones institucionales definirán si el país consolida un modelo de independencia y transparencia o si persisten los intentos de captura de las estructuras públicas.
En este contexto, el proceso de selección del TSE adquiere relevancia no solo para la organización de los comicios de 2027, sino también para la credibilidad del sistema democrático y la confianza ciudadana en las autoridades electorales. Con ello, Guatemala enfrenta un escenario clave en el que convergen expectativas políticas, demandas de legalidad y el firme compromiso de resguardar las bases de su institucionalidad.
