En los últimos días, Guatemala ha sido escenario de intensas protestas lideradas por conductores y motoristas que rechazan la implementación del seguro obligatorio para vehículos, medida anunciada por el gobierno el 17 de marzo. Esta normativa exige a todos los propietarios de vehículos contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ofrecer indemnizaciones en casos de accidentes.
Las protestas han resultado en bloqueos en puntos estratégicos de la capital y sus alrededores, afectando el flujo vehicular y el transporte público. Entre las áreas afectadas se encuentran el Anillo Periférico, la ruta al Atlántico y el bulevar La Pedrera. Estos bloqueos han generado caos en el tránsito y han obligado a las autoridades a suspender temporalmente servicios de transporte público, como la Línea 13 del Transmetro.
19 de Marzo. @TransmetroGuate NO circulará por bloqueos; la prioridad es la seguridad de los usuarios y el personal.
— MuniGuate (@muniguate) March 19, 2025
⛔️ Centra Sur Bloqueado#InformaciónOficial pic.twitter.com/dZQQ3YawLJ
El gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, ha reafirmado su compromiso con la implementación del seguro obligatorio, resaltando su importancia para garantizar la atención a las víctimas de accidentes y la protección de sus familias. El ministro Francisco Jiménez detalló que la medida busca fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos en las carreteras.
En respuesta a las manifestaciones, las fuerzas de seguridad han intervenido para restablecer el orden público. La Policía Nacional Civil (PNC) ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que bloqueaban las vías principales. El gobierno ha expresado su disposición al diálogo con los manifestantes, buscando soluciones que eviten la escalada de conflictos y aseguren la seguridad de todos los ciudadanos.
La implementación del seguro obligatorio ha sido objeto de debate durante más de un año. Con el gobierno enfatizando su urgencia para salvaguardar la integridad de la población en las vías. Mientras tanto, sectores de la población cuestionan la viabilidad económica de esta medida, especialmente en un contexto de inflación y aumento en el costo de vida. La falta de consenso ha generado tensiones sociales y políticas, reflejadas en las protestas y bloqueos actuales.
A medida que las negociaciones avanzan, es crucial que todas las partes involucradas busquen soluciones equitativas que balanceen la necesidad de seguridad vial. Garantizando así el bienestar común y la estabilidad social.
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